Un sistema de pensiones que no se sostiene

Las cotizaciones sociales no cubren por sí solas las pensiones contributivas españolas. En la ejecución provisional de 2025, las cotizaciones sumaron 176.918,38 millones de euros y el gasto en esas pensiones alcanzó 182.526,29 millones: una diferencia de 5.607,91 millones antes de contar las demás prestaciones contributivas ^[1].

Esto no significa que el sistema esté «quebrado». La ley incluye entre sus recursos tanto las cuotas de trabajadores y empresas como las aportaciones del Estado. Las pensiones continúan pagándose porque el Estado respalda el sistema mediante cotizaciones, impuestos, transferencias y, cuando resulta necesario, deuda.

Qué muestran las cuentas más recientes

Los datos provisionales de 2025 muestran que las cotizaciones crecieron hasta 176.918,38 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones reconocidas únicamente por pensiones contributivas fueron 182.526,29 millones ^[1].

La comparación es limitada, pero importante. Las cotizaciones no solo deben financiar pensiones. También sostienen la incapacidad temporal, las prestaciones por nacimiento y otras prestaciones contributivas. Si todas las cotizaciones no alcanzan para pagar solo las pensiones, el nivel contributivo no es autosuficiente.

El Estado y sus organismos autónomos aportaron 47.815,44 millones de euros mediante transferencias corrientes en 2025 ^[1]. No debe interpretarse todo ese importe como un agujero de las pensiones: una parte financia prestaciones no contributivas, complementos a mínimos y otros gastos que legalmente corresponden al Estado.

La liquidación definitiva de 2024 confirma que el desequilibrio no desaparece al incorporar esas transferencias. Los ingresos no financieros fueron 215.991,88 millones y los gastos no financieros, 225.587,15 millones. El saldo presupuestario resultante fue negativo en 9.595,27 millones ^[2]. Este saldo abarca todo el sistema y no equivale al déficit específico de las pensiones.

Desde cuándo existe el problema

No hay una fecha oficial en la que la Seguridad Social pueda considerarse «quebrada». Hay, en cambio, varias fechas para describir dimensiones distintas del desequilibrio.

El Tribunal de Cuentas señala que los resultados económico-patrimoniales negativos comenzaron en 2010. También explica que la recesión iniciada alrededor de 2008 no alcanzó las cuentas de la Seguridad Social hasta 2010. Para efectuar comparaciones homogéneas, el Tribunal comienza su serie en 2011, primer año en que se aplicó el nuevo plan contable ^[3].

En esa serie, las cotizaciones ya fueron insuficientes en 2011. Las prestaciones económicas contributivas ascendieron a 96.792 millones y las cotizaciones a 95.163 millones. El defecto de cobertura fue de 1.629 millones. Aumentó a 8.558 millones en 2012, 15.787 millones en 2013 y 18.831 millones en 2014 ^[3].

Entre 2011 y 2018, el defecto acumulado alcanzó 134.201 millones de euros. El déficit medio de cobertura fue del 15,18%. El Tribunal concluyó que el problema era estructural porque los recursos obtenidos no bastaban para atender las prestaciones económicas contributivas ^[3].

Por tanto, 2010 es la fecha que el Tribunal identifica como inicio de los resultados negativos. El año 2011 es el primer ejercicio de la serie contable homogénea que demuestra la falta de cobertura mediante cotizaciones.

Cómo se cubrió la diferencia

Durante los primeros años se utilizó principalmente el Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones. Hasta 2018 se habían retirado 77.437 millones de euros. También se usaron temporalmente otros fondos depositados en el Banco de España ^[3].

Cuando esos recursos resultaron insuficientes, el Estado concedió préstamos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los préstamos de 2017 y 2018 sumaron 24.022 millones de euros ^[3]. Estas operaciones aportaron liquidez para seguir pagando, pero el Tribunal advirtió de que eran medidas transitorias y no resolvían el problema estructural.

El patrimonio neto agregado del sistema terminó 2018 con un valor negativo de 33.260 millones de euros. El Tribunal relacionó esa situación con años de desequilibrios entre los ingresos y los gastos y con el endeudamiento frente al Estado ^[3].

Desde entonces ha aumentado el uso de transferencias presupuestarias. Este cambio permite financiar el sistema con una base más amplia que las cotizaciones, pero traslada parte del coste a los impuestos, al resto del presupuesto público o a la deuda.

Qué puede afirmarse sobre su sostenibilidad

Los documentos permiten afirmar que el nivel contributivo no es autosuficiente: las cotizaciones no cubren todas las prestaciones contributivas. También prueban que el Estado ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva, préstamos y transferencias presupuestarias.

No permiten concluir que las pensiones vayan a dejar de pagarse. Un sistema público de reparto respaldado por el Estado puede seguir funcionando aunque utilice ingresos tributarios. Su sostenibilidad depende de que el conjunto de las administraciones pueda financiar los compromisos presentes y futuros sin generar niveles incontrolables de déficit y deuda.

Los textos entregados no contienen proyecciones demográficas o fiscales posteriores a 2025. Por ello, no permiten cuantificar cuánto aumentará el gasto en las próximas décadas ni evaluar con una cifra el efecto futuro del envejecimiento.

Lo que se puede objetar

Puede objetarse que las transferencias estatales forman parte normal y legal de la financiación. Es correcto: no todas cubren un déficit contributivo y algunas pagan gastos que nunca deberían recaer sobre las cotizaciones. Sin embargo, la comparación de 2025 muestra que todas las cotizaciones quedaron por debajo incluso del gasto exclusivo en pensiones contributivas ^[1].

También puede señalarse que disponer de impuestos y deuda evita una quiebra. Es cierto. La conclusión precisa no es que el sistema sea insolvente, sino que no se sostiene únicamente mediante cotizaciones y necesita recursos del conjunto del Estado.