Cómo lo hacemos

De dónde sale cada dato, cómo se comprueba cada cifra antes de publicarla y dónde están los límites de lo que ves aquí.

Fiscalizando.es lee cada día los boletines y registros oficiales del Estado, se queda con lo que merece una lectura atenta y lo cuenta en una ficha que enlaza siempre al documento original. Esta página explica de dónde sale cada dato, qué se hace con él y dónde están los límites, para que cualquiera pueda juzgar lo que lee aquí sin tener que fiarse de nosotros.

Las fuentes

Solo fuentes oficiales y de acceso público. Cada ficha enlaza a la suya.

Boletín Oficial del Estado (boe.es), a través de su API de datos abiertos. Se leen las secciones donde está el dinero: la I (disposiciones generales, solo cuando tratan de presupuestos, créditos o gasto), la III (otras disposiciones: convenios, subvenciones, ayudas) y la V-A (anuncios de contratación). El resto del sumario no se mira. La serie empieza en abril de 2024 y se actualiza a diario.
Base de Datos Nacional de Subvenciones (infosubvenciones.es), del Ministerio de Hacienda: es donde consta quién cobra cada subvención y cuánto. Su consulta pública solo sirve datos desde 2022. Se repasa una vez por semana, con una ventana de cuatro meses hacia atrás porque la propia base publica con semanas de retraso.
Referencias del Consejo de Ministros, publicadas por La Moncloa, desde junio de 2022.

El acceso automatizado respeta los límites de ritmo y las condiciones que publica cada fuente.

Qué se mira y qué se publica

Son dos filtros distintos, y conviene no confundirlos.

El primero decide qué merece leerse. Un diccionario de términos —tipos de gasto, dimensión internacional, conceptos difíciles de medir— puntúa el título y el texto de cada disposición. Lo que no llega al umbral no se analiza. Lo que el boletín ya trae como dato oficial (el procedimiento de adjudicación, el ámbito geográfico, la materia, si la norma está derogada o anulada) se toma de ahí: no se le pregunta a ningún modelo.

El segundo decide qué sale a la web. Un análisis correcto no basta: tiene que encajar en una de las líneas que fiscaliza el proyecto, y solo en ellas:

Cooperación al desarrollo.
Subvenciones a sindicatos.
Adjudicado a dedo: dinero público sin concurrencia que acaba en manos privadas.
Lo que cuestan los organismos internacionales.
Rescates, créditos y deuda acordados en el Consejo de Ministros.

El resultado es, a propósito, una lista corta y defendible, no un mural con todo lo que publica el Estado.

Cómo se lee cada documento

Un modelo de lenguaje lee el texto oficial completo y extrae lo que importa: quién paga, quién cobra, cuánto, para qué y por qué procedimiento. Escribe también el titular y el resumen.
La cifra se rastrea hasta el documento. Un programa, no el modelo, busca el importe en el texto del boletín: literal, expresado en miles o millones como en los anexos presupuestarios, o como suma de dos o tres partidas, que es como vienen los convenios. Si no aparece, no se publica. Esta comprobación existe porque un modelo llegó a leer 86.559 millones donde el BOE decía 559 millones.
Se vigilan las cifras inverosímiles. Un precio por palabra o una cuota mensual pueden estar en el texto y aun así no ser el importe del contrato. Cuando el importe extraído es pequeño y el texto contiene cifras mucho mayores, la ficha pasa al principio de la cola de auditoría.
Un segundo modelo, más potente, audita, empezando por lo más arriesgado. Cada ficha recibe una puntuación de riesgo calculada por un programa, sin ningún modelo de por medio: importe sin respaldo en el texto, cifra en el titular, contradicción con los datos oficiales del boletín, importe atípico… El auditor lee el documento desde cero, sin ver el análisis anterior, y su resultado sustituye al primero. Si no consigue respaldar la cifra, la ficha se retira.
Algunos casos los decide una persona. Cuando el beneficiario no es una entidad sino una clase de destinatarios («entidades autorizadas», «titulares de explotaciones agrarias»), el titular «adjudicado a dedo» sería falso aunque el gasto sea real. Esas fichas no se publican hasta que un editor las revisa.

Las republicaciones del mismo anuncio en días sucesivos se cuentan una sola vez. Los anuncios parecidos pero distintos —lotes y expedientes de una misma licitación— se relacionan entre sí en la ficha, pero no se fusionan: hacerlo escondería gasto real.

En la base de subvenciones y en el Consejo de Ministros los importes se toman como los declara la fuente oficial. Del Consejo quedan fuera las transferencias, los suplementos y los créditos extraordinarios: son dinero ya aprobado que cambia de partida, no gasto nuevo, y contarlos inflaba la cifra varias veces.

Los contadores de la portada no se suman

La portada abre con un contador por fuente, cada uno con su periodo y su enlace a la lista que lo compone. No hay un total, y es una decisión de fiscalización, no de diseño:

No se verifican igual. Los importes del BOE se rastrean hasta el texto; los de la base de subvenciones y La Moncloa son los que declara la fuente. Sumarlos presentaría como homogéneo lo que no lo es.
Un mismo euro puede estar dos veces. El Consejo autoriza el gasto, el BOE publica la convocatoria y la base de subvenciones registra la concesión: tres momentos del mismo dinero. Y no hay forma fiable de cruzarlos, porque la base de subvenciones no cita el identificador del BOE.
Cubren periodos distintos, como se indica arriba.

Un número grande sería lo más compartible de la web y lo más fácil de tumbar.

El índice de escrutinio

Es la nota de 0 a 10 que acompaña a cada ficha. Mide cuánto merece un gasto que se mire con lupa. No es un veredicto: no implica irregularidad ni ilegalidad.

0-2 · Gasto ordinario con objeto tangible: obras, suministros, material, mantenimiento, becas regladas.
3-5 · Objeto legítimo con algo de opacidad: consultorías con entregable, convenios concretos, campañas con destinatario claro.
6-8 · Concepto etéreo o difícil de medir —«sensibilización», «fortalecimiento institucional», estudios sin entregable— o importe llamativo para lo que se describe.
9-10 · Varios factores a la vez: objeto vago, importe elevado, adjudicación sin concurrencia y beneficiario cuya relación con el objeto no se explica.

La suben la concesión directa sin justificar, el negociado sin publicidad, las prórrogas o modificados que engordan el precio, el objeto descrito en abstracto y el importe desproporcionado frente a lo entregado. La bajan la licitación abierta con varios ofertantes, el objeto material concreto, el precio desglosado y las obligaciones de justificación y reintegro. En cada ficha, la insignia explica por qué esa disposición tiene esa nota.

Límites que conviene conocer

Los modelos se equivocan. Las comprobaciones de arriba reducen los errores, no los eliminan. Por eso cada ficha enlaza al original y tiene un botón para avisar.
La serie no es completa. El BOE empieza en abril de 2024; la base de subvenciones, en 2022, porque antes no hay datos públicos; el Consejo, en junio de 2022. Donde hay un hueco, se dice; no se rellena.
Solo se publica lo que encaja en las cinco líneas. Que un gasto no esté aquí no significa que no exista, ni que esté bien.
No se publican personas físicas. Cuando la fuente identifica a un particular como beneficiario, esa concesión queda fuera.
La cifra es la del documento. Se publica lo que se acuerda, se convoca o se concede, no lo que finalmente se paga, que los boletines no recogen.

Correcciones

Si ves un error, avísanos desde la propia ficha o escribiendo a [email protected]. Cada aviso dispara una revisión del documento oficial desde cero, y ninguno se descarta en silencio. El proceso completo, y cómo pedir una rectificación si apareces nombrado, está en Datos y correcciones.

Ver también: Aviso legal · Política de privacidad

Última actualización: 30 de octubre de 2026.