Radiografía de los pactos PSOE–EH Bildu (2018–2026): hechos, contrapartidas y política penitenciaria
Rucarpe
La relación entre el PSOE y EH Bildu desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 constituye uno de los ejes más controvertidos del debate público español.
La relación entre el PSOE y EH Bildu desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 constituye uno de los ejes más controvertidos del debate público español. Analizar esta dinámica con rigor exige delimitar con precisión qué acuerdos están documentados por escrito, qué equilibrios territoriales sustentan a los gobiernos del Partido Socialista de Navarra (PSN) y qué parte de la evolución penitenciaria responde a decisiones gubernamentales, a transferencias estatutarias o a resoluciones de los tribunales.
Para evitar simplificaciones o imputaciones sin respaldo documental, la trazabilidad de esta relación se divide en tres dimensiones diferenciadas: la gobernabilidad del Estado, el poder institucional en Navarra y la situación penal de los presos de ETA.
1. La gobernabilidad estatal: de la abstención táctica al pacto presupuestario
A nivel nacional, el concurso parlamentario de EH Bildu ha pasado de una neutralidad pasiva en 2020 a una participación sostenida en la aprobación de las cuentas públicas y de la legislación social.
| Año | Hito legislativo / parlamentario | Alcance del acuerdo | Compromisos verificados |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Investidura de Pedro Sánchez | Apoyo decisivo mediante abstención. | Los 5 diputados de EH Bildu se abstienen; Sánchez supera la votación por 167 frente a 165 votos. |
| 2020 | Reforma laboral / Estado de alarma | Acuerdo tripartito (PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu). | Compromiso de derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012 a cambio de no bloquear la prórroga del estado de alarma (la posterior reforma de 2021 no supuso una derogación íntegra). |
| 2020 | Presupuestos Generales del Estado 2021 | Apoyo presupuestario directo. | Primer voto favorable de EH Bildu a unas cuentas estatales, ratificado por el 91,5% de sus bases. |
| 2021 | Presupuestos Generales del Estado 2022 | Negociación con contrapartidas. | Inclusión del escudo social en ley, moratoria de desahucios vulnerables, emisión de ETB3 en Navarra y equiparación de jubilación de la Policía Foral. |
| 2022 | Ley de Memoria Democrática | Pacto legislativo sectorial. | Extensión del marco temporal de vulneraciones hasta 1983, cesión del Palacio de La Cumbre a San Sebastián y designación del Fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. |
| 2022 | Presupuestos Generales del Estado 2023 | Contrapartidas económicas y competenciales. | Tope del 2% al alquiler en 2023, alza del 15% en pensiones no contributivas, transferencia de Tráfico a Navarra, memorial del 3 de Marzo y 200 plazas MIR adicionales. |
| 2023 | Reforma del sistema de pensiones | Voto favorable. | Subida de las pensiones mínimas de viudedad entre 2024 y 2027 (entre un 17% y un 30% según tipología). |
| 2023 | Ley por el Derecho a la Vivienda | Acuerdo tripartito (Gobierno, ERC y EH Bildu). | Tope al alquiler (3% en 2024 y nuevo índice en 2025) y facultad de rebajar el umbral de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles en zonas tensionadas. |
| 2023 | Tercera investidura de Pedro Sánchez | Voto a favor explícito. | Primera reunión pública formal entre Sánchez y la portavoz de EH Bildu en el Congreso, formalizando el respaldo sin documento bilateral público de concesiones. |
| 2023–2024 | Medidas antidesahucio y suministros | Acuerdos de convalidación de decretos. | Prórroga de la suspensión de desahucios hipotecarios y de vulnerables hasta 2028, junto a la prohibición de cortes de suministros básicos. |
| 2024 | Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana | Proposición de Ley conjunta (PSOE, Sumar y Bildu). | Retirada progresiva de material antidisturbios específico (pelotas de goma), rebaja en sanciones por desobediencia y revisión de las devoluciones en frontera. |
| 2025–2026 | Ampliación del escudo social | Prórroga de medidas. | Extensión durante 2026 de coberturas del bono social eléctrico y medidas contra la pobreza energética. |
La mayor parte de los pactos legislativos formales se han traducido en medidas de corte socioeconómico de aplicación general para todo el Estado o en partidas presupuestarias específicas, desmarcándose del esquema de acuerdos de investidura territoriales formalizados mediante documentos bilaterales cerrados, como los firmados por el PSOE con Junts o el PNV.
2. El tablero de Navarra: coexistencia parlamentaria y cesión de poder institucional
Donde la alianza ha rebasado el plano estrictamente legislativo para traducirse en gestión de instituciones ha sido en la Comunidad Foral de Navarra.
Gobernabilidad del Ejecutivo foral (2019 y 2023)
María Chivite (PSN) accedió y mantuvo la Presidencia del Gobierno de Navarra gracias al concurso directo de EH Bildu:
- Investidura de 2019: aprobada con 23 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones de EH Bildu.
- Investidura de 2023: revalidada con 21 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones de EH Bildu.
En ambas ocasiones, el PSN rechazó la entrada de la coalición abertzale en el organigrama de consejerías. Sin embargo, la dependencia parlamentaria ha derivado en una dinámica estructural: ocho proyectos de presupuestos generales de Navarra aprobados de forma consecutiva entre 2019 y 2026 mediante el pacto de abstención con EH Bildu.
Traspasos de cuotas de poder institucional (2023)
A diferencia de los ejecutivos nacional y autonómico, en el ámbito local e intermunicipal el PSN ha dado su respaldo activo para que EH Bildu asuma órganos ejecutivos de primer nivel:
- Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC): En octubre de 2023, las entidades locales gobernadas por el PSN respaldaron la candidatura de Xabier Alcuaz (EH Bildu), situando por primera vez a un miembro de la izquierda abertzale al frente del organismo municipalista en sus cuatro décadas de historia.
- Alcaldía de Pamplona: En diciembre de 2023, el PSN impulsó y votó favorablemente una moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN) para investir a Joseba Asiron (EH Bildu) con 15 votos (8 Bildu, 4 PSN, 2 Geroa Bai, 1 Contigo) frente a 11 (9 UPN, 2 PP). Aunque los concejales socialistas no integraron el equipo de gobierno local, sus cuatro votos fueron la pieza aritmética determinante.
3. Política penitenciaria: dispersión, transferencias y control judicial
El tratamiento de los reclusos condenados por terrorismo suele figurar en el centro del debate partidista, requiriendo distinguir los actos de gobierno de los pronunciamientos judiciales y de las competencias autonómicas estatutarias.
POLÍTICA PENITENCIARIA (2018 - 2026)
2018 ──► Final progresivo de la política de dispersión (Ministerio del Interior)
2021 ──► Transferencia efectiva de Prisiones al Gobierno Vasco (Estatuto de Gernika)
2023 ──► Concentración total de presos de ETA en centros de Euskadi y Navarra
2026 ──► 129 terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco (36 recurridos por Fiscalía)
Fin de la política de dispersión
Iniciada de forma paulatina en septiembre de 2018, la reagrupación carcelaria dependió directamente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior):
- Entre 2018 y 2022 se ejecutaron 351 traslados correspondientes a 216 reclusos, remitiendo a 146 directamente a cárceles del País Vasco y el resto a Navarra o demarcaciones próximas.
- En marzo de 2023 se trasladó a los últimos cinco internos que cumplían condena en prisiones lejanas, concentrando a la totalidad de los 175 presos de la banda en recintos vascos y navarros.
Transferencia de la competencia de prisiones
El 1 de octubre de 2021 entró en vigor el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aunque materializado bajo el mandato de Sánchez, el traspaso obedecía al cumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 y fue negociado de forma bilateral con el Gobierno Vasco del PNV (encabezado entonces por el lehendakari Iñigo Urkullu). La legislación penitenciaria sigue siendo de competencia estatal y las decisiones administrativas están sujetas al control de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía.
Progresiones de grado y régimen de semilibertad
Tras asumir la administración de las prisiones, las propuestas de las juntas de tratamiento pasaron a ser autorizadas por la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco:
- Terceros grados: Entre octubre de 2021 y octubre de 2026, la administración autonómica concedió 129 terceros grados a condenados por pertenencia o colaboración con ETA. De ellos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió 36 casos ante los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria.
- Artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: Se autorizó en 54 ocasiones, un mecanismo individualizado de flexibilización que faculta salidas diurnas laborales o de voluntariado sin clasificar formalmente en tercer grado.
- El caso de Henri Parot: Clasificado en tercer grado por el Ejecutivo vasco en septiembre de 2026 tras 36 años en prisión continuada y tras haber disfrutado del artículo 100.2 desde 2025 para labores de voluntariado. Su progresión respondió al cauce administrativo ordinario con opción de recurso por parte del ministerio público.
Censo recluso
En noviembre de 2019, la población penitenciaria de la organización terrorista ascendía a 222 reclusos; hacia finales de 2026 se sitúa en torno a los 110 presos, gran parte de ellos acogidos a distintas fórmulas de semilibertad, control telemático o tercer grado. Esta reducción no obedece a un indulto colectivo ni a una decisión unilateral, sino a la conjunción de cumplimientos íntegros de condena, concesión judicial de libertades condicionales, cómputo de penas cumplidas en el extranjero (Francia) y progresiones de grado.
4. Retórica y límites probatorios: las declaraciones sobre los Presupuestos
En octubre de 2021, Arnaldo Otegi pronunció ante un foro interno de militantes la frase: «Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos». La oposición parlamentaria interpretó la declaración como la confesión de una contrapartida opaca.
Pese a la trascendencia mediática del episodio, la afirmación no puede elevarse a categoría de canje demostrado:
- El presidente del Gobierno desmintió de forma inmediata y categórica cualquier canje de presos por votos presupuestarios.
- El propio Otegi matizó con posterioridad sus palabras, encuadrándolas en el contexto político del debate interno.
- No se ha acreditado documentalmente la existencia de un pacto extralegal, rigiéndose las progresiones penitenciarias por la vía del control judicial individualizado de la Audiencia Nacional.
La relación entre el PSOE y EH Bildu refleja un proceso pragmático de normalización aritmética. En el Congreso de los Diputados, Bildu se ha asentado como un socio parlamentario prioritario en el bloque social y presupuestario; en Navarra, la cooperación ha franqueado la puerta a la gobernabilidad foral continuada y a la cesión de la Alcaldía de Pamplona; y en materia penitenciaria, el fin de la dispersión y la descentralización de la gestión han acelerado las progresiones de grado bajo los límites del marco penal y la fiscalización judicial.